Ejemplos

1. Comprobar qué se autorizó originalmente

La revisión comienza comparando el estado inscrito con el resultado pretendido. Según artículo 4, la subdivisión de un lote de un fraccionamiento previamente autorizado e inscrito se tramita como subdivisión que no implica relotificación, conservando los parámetros de la autorización de origen.

Aquí esa clasificación es provisional: primero hay que localizar el antecedente. El croquis no lo sustituye. Si se modificaran calles, otros lotes o derechos del conjunto, la autoridad explicaría qué característica cambia la modalidad y qué requisitos resultan afectados; no ampliaría de oficio la operación solicitada.

2. Integrar los documentos de esta modalidad

El artículo 17 regula la integridad de la solicitud del dictamen estatal y la reutilización de antecedentes municipales. La subdivisión de este caso conserva su procedimiento municipal y las excepciones de la LAUQR; el acceso estatal a esos documentos no convierte una excepción en una entrega adicional. Se distingue el documento que realmente falta de una consulta interna pendiente.

La revisión aplica las excepciones documentales de fusiones y subdivisiones. No aplica la lista de requisitos de un desarrollo nuevo para exigir memorias o factibilidades que estén dispensadas en esta modalidad. Un requisito aplicable «en su caso» necesita fundamento y una característica concreta que lo active. El control de requisitos lo elabora la autoridad con el expediente.

3. Dibujar dos fracciones identificables

Los elementos prediales del artículo 82, fracción I, de la LAUQR permiten localizar el predio, sus rasgos, colindancias, distancias, usos y datos catastrales. El artículo 34 organiza el contraste estatal con esos planos válidos; una aclaración del plano autorizado corresponde a su emisor municipal.

Se comprueba que 300 + 300 = 600 m². Después se revisan linderos, restricciones y acceso legal de ambas partes. Si la segunda queda encerrada, su superficie no resuelve el acceso: habrá que justificar una solución legalmente admisible o ajustar la propuesta.

La distancia al centro de población se representa por la ruta existente que requiera menos tiempo, diferenciándola de la distancia en línea recta. Cada fracción resultante debe cumplir los parámetros legalmente aplicables; los 300 m² del ejemplo siguen siendo un dato del proyecto por contrastar.

4. Responder al problema concreto

En el procedimiento municipal se distingue una omisión documental de una modificación de diseño, con el fundamento y los efectos que correspondan. El artículo 18 conserva esa distinción al utilizar los antecedentes y remite la prevención del dictamen estatal a su procedimiento propio. Una prevención municipal no reinicia ni suspende por sí misma el plazo estatal.

La respuesta identifica el plano o apartado corregido y la versión sustituida. Conserva los demás documentos válidos y las constancias de recepción y notificación. El plazo se determina con la norma y el calendario aplicables al expediente, sin inventar aquí una fecha de vencimiento.

5. Cerrar con la misma división en todos los documentos

El artículo 35 distingue los efectos de la autorización municipal, su formalización y el dictamen estatal. En el caso se cotejan las superficies, los linderos, el acceso y el plano aprobado para que notaría, catastro y registro documenten la misma operación. Una diferencia se aclara ante el órgano competente; la consulta estatal no modifica la escritura ni el asiento.

Antes de escriturar se cotejan esos elementos. Un error material se aclara por la vía pertinente; cambiar la forma, las dimensiones o los linderos autorizados exige tramitar la modificación correspondiente. El cierre conserva resolución, plano aprobado y constancias de formalización, con sus condiciones y vigencia.

1. Comparar el contenido material

El artículo 22 remite la modificación de obras autorizadas a la decisión municipal y al procedimiento del artículo 55 de la LAUQR. Aquí el desplazamiento cambia la calle y la red: se comparan el trazo autorizado y el propuesto, localizando lo que se conserva, sustituye o añade. La revisión del dictamen estatal, si procede, se tramita por su fundamento propio.

2. Identificar dependencias

Se localizan los lotes con derechos comprometidos, las conexiones, las cesiones y las obras compartidas. El artículo 40 conserva la independencia funcional de las etapas y las obligaciones sobre calle de liga y servicios. La propuesta debe permitir comprobar los efectos del cambio sobre la etapa y acreditar los derechos para intervenir terrenos ajenos.

3. Definir la evaluación necesaria

La autoridad municipal determina el alcance de la revisión y conserva las determinaciones no afectadas. Señala las factibilidades, garantías y autorizaciones sectoriales que deban examinarse. El artículo 63 vincula el cambio con el control de obra; una anotación de ejecución no sustituye el acto administrativo procedente.

4. Aplicar una versión reconocible

La parte modificada se ejecuta después de obtener su autorización. El expediente debe relacionar resolución, planos revisados y obligaciones que subsisten. Las instrucciones de obra identifican esa versión para evitar que una cuadrilla utilice el trazo anterior mientras otra construye la red nueva. Los cambios adicionales vuelven a evaluarse por su efecto.

1. Precisar base y obligación

El artículo 38 remite la cesión y su aptitud a los artículos 46 a 49 de la LAUQR. Para revisar el caso se identifican la superficie neta, el porcentaje mínimo y los supuestos especiales aplicables. La base se determina con la regla correspondiente y las superficies acreditadas; una restricción del terreno ofrecido no produce por sí sola una deducción. La cuantificación total se distingue del reparto intermunicipal y de la base de una eventual sanción.

2. Revisar el terreno ofrecido

Además del cálculo se comprueban aptitud, destino, acceso y condiciones de transmisión. El plano debe permitir localizar las afectaciones y la relación con la vía pública. No se considera acceso disponible un recorrido que cruza lotes privados sin el derecho correspondiente. La superficie total no subsana esa falta.

La revisión comprende la regularidad geométrica, la colindancia con vía pública y el acceso libre del polígono. Distingue restricciones federales de las estatales o municipales y, para estas últimas, comprueba el convenio que legalmente permita su utilización. El alcance del convenio queda sujeto a la competencia y al régimen de la restricción. Una escritura válida que ya esté en el expediente municipal puede identificarse por su folio. La autoridad reutiliza ese antecedente y comprueba la relación entre predio, desarrollo de origen y cesión cumplida; si falta información, señala el dato concreto necesario.

3. Mantener separadas las alternativas

Se distinguen suelo transmitido, infraestructura ejecutada y equipamiento. La sustitución monetaria requiere un supuesto del artículo 175 de la LAHOTDU, resolución de la autoridad competente, obligación y beneficiario legal identificados, valor comercial, recibo oficial e ingreso válido al Fondo. La titularidad deriva de la obligación sustituida; la ubicación del proyecto o la oficina receptora no bastan para atribuirla. Las autoridades comprueban la habilitación del canal con su información institucional, sin pedir esa documentación como requisito adicional a la persona obligada. El pago válido satisface la cesión individualizada aunque después falte una conciliación o transferencia interna; las obras, el equipamiento y las mitigaciones de causa independiente conservan su exigibilidad.

4. Documentar el resultado de la revisión

La promotora deberá ajustar el polígono o acreditar una solución admisible, conservando el cálculo original y sus cambios. La autoridad motiva qué superficie acepta, qué excluye y cómo aplica las excepciones comprobadas. El expediente permite contrastar cuadro, plano y título; no termina con una cifra aislada sin localización.

1. Elegir una alternativa identificable

El artículo 74 distingue terminación de obras de la etapa, fianza y garantía a favor de usuarios o adquirentes. Cada alternativa conserva sus condiciones. El expediente identifica cuál sustenta cada grupo de lotes; no construye una cuarta vía mezclando documentos incompletos de varias opciones.

2. Comprobar la obligación cubierta

El artículo 52 requiere identificar fundamento, obligación, beneficiario, base, monto y vigencia. Una cobertura económicamente similar no permite sustituir garantías sin habilitación y sin conservar sus condiciones. La revisión debe responder qué ampara realmente la póliza presentada antes de comparar cifras o asumir que habilita la comercialización.

Si una póliza reúne varias coberturas, debe individualizar cada obligación y conservar su importe disponible y sus derechos de reclamación. La reducción, liberación o agotamiento de una cobertura deja íntegras las demás coberturas legalmente distintas.

3. Actualizar el soporte del cálculo

La base, actualización y monto de la garantía se comprueban conforme al artículo 71 de la LAUQR y ante su beneficiario competente. El artículo 58 delimita el uso de esos antecedentes en la actuación estatal. El caso carece de presupuesto y fecha suficientes para fijar índices: el cálculo deberá identificar conceptos, cantidades y periodos verificables, evitando una aprobación estatal adicional.

4. Conservar recepción y comunicaciones

La alternativa del artículo 71, fracción II, de la LAUQR conserva su plazo especial para notificar la negativa. Los artículo 74 y artículo 20 organizan la comprobación y las notificaciones estatales, sin modificar el plazo municipal ni convertir el aviso informativo en notificación. Antes de deducir un efecto se cotejan la alternativa utilizada, los instrumentos, destinatarios y fechas.

1. Identificar el mismo espacio

El artículo 47 conserva el régimen de acuerdos, escritura, inscripción y derechos condominales. Para estudiar esta discrepancia se localizan en los documentos existentes la clave, el nivel, la superficie, el uso y el acceso de la terraza. Esa comparación permite ubicar el problema; no constituye un cuadro adicional exigible por sí mismo ni atribuye al Estado la decisión sobre propiedad.

2. Distinguir las decisiones

Los acuerdos, escritura e inscripción siguen su régimen de propiedad. La autoridad urbanística evalúa exclusivamente su materia. El artículo 50 exige coordinar ambas sin considerar que el cambio de una tabla autorice por sí solo variar el acceso. La discrepancia debe resolverse por los procedimientos que correspondan.

3. Examinar los efectos comunes

El artículo 49 vincula la modificación de áreas comunes con los derechos y autorizaciones afectados. Deben revisarse acceso, servicios y condiciones del conjunto. Una aceptación privada no dispensa la evaluación urbanística exigible; una resolución urbanística tampoco sustituye los acuerdos o actos patrimoniales legalmente necesarios para cambiar la configuración.

4. Actualizar únicamente lo afectado

Una vez adoptadas las decisiones urbanísticas y patrimoniales que correspondan, se identifican planos, tablas e instrumentos que cambian y se conservan referencias comunes. La formalización emplea la misma configuración que quedó autorizada. Si la diferencia altera superficies, usos, unidades o servicios, no se trata como mera errata; el expediente debe permitir seguir el fundamento de cada modificación.

1. Contar viviendas y no solo lotes

El artículo 39 distingue la comprobación estatal de la cuantificación y recepción municipales del equipamiento. El caso parte de 750 viviendas previstas y autorizadas, sin duplicar viviendas dentro de lotes múltiples. Si un lote tuviera aprovechamiento indeterminado, se utilizaría la determinación municipal fundada; la Secretaría no le asignaría una vivienda presunta ni una obligación cero, ni suspendería automáticamente su trámite por esa incertidumbre.

2. Aplicar la proporcionalidad declarada

El cálculo del supuesto habitacional aplica la proporción legal de 4000 m² por 1000 viviendas: cuatro metros cuadrados por vivienda. Para las 750 viviendas acreditadas, 750 × 4 m² por vivienda = 3000 m². La cifra determina la superficie mínima del caso, mientras las características y la recepción corresponden al órgano municipal competente. La comprobación estatal del artículo 39 utiliza esos antecedentes y conserva su objeto propio.

3. Separar suelo y obra equipada

La transmisión de suelo para destinos y la construcción y entrega de infraestructura equipada son obligaciones diferentes. El artículo 38 evita confundirlas o acreditar dos veces una aportación. Un terreno vacío no demuestra que existan instalaciones, equipamiento o condiciones de acceso para la población que debe atender. Si se plantea sustituir una cesión de suelo mediante pago, se comprueban por separado su procedencia, obligación y beneficiario legal, resolución competente e ingreso válido por el canal habilitado. Ese pago no se descuenta de los 3000 m² de equipamiento del ejemplo ni se cuenta dos veces como suelo y obra.

El expediente identifica por separado el equipamiento exigido por el programa, el calculado por vivienda y las obras que correspondan por el artículo 28 de la LAUQR. Para cada obligación localiza suelo, obra, equipamiento, constructor, operador y receptor, de modo que una misma prestación se acredite una sola vez.

4. Relacionar recepción y etapas

El artículo 39 mantiene en el ámbito municipal las características y la recepción del equipamiento. En el caso se comparan las viviendas atendidas, el calendario, la obra ejecutada y el acta de recepción. El artículo 40 conserva la independencia funcional de las etapas; una obra futura pendiente no demuestra el servicio de una etapa ocupada.

5. Cerrar una variante con evidencia completa

La variante no cambia la razón normativa ni el total de viviendas: la superficie exigible de 3000 m² se compara con 3000 m² ejecutados y recibidos. El acta individualiza su ubicación y las viviendas atendidas; el expediente conserva por separado la entrega del suelo, conforme a artículo 39.

Si se comprueban todas las condiciones de esta variante, la comparación de superficie y la recepción acreditan esta obligación específica de infraestructura equipada. No se infiere de ello que todas las redes, cesiones y demás obligaciones del conjunto estén cumplidas: la municipalización conserva su revisión integral.

1. Identificar el régimen de etapas

El artículo 40 exige que cada etapa funcione independientemente de obras futuras. También diferencia la ejecución privada por etapas del supuesto de urbanización progresiva del gobierno estatal coordinado con municipios. Cambiar el nombre de la promoción no modifica ese régimen ni dispensa los compromisos del proyecto.

2. Construir una comprobación por servicio

Se vinculan el acceso, el agua, el saneamiento, la energía, el manejo de aguas pluviales y el equipamiento con los planos y las factibilidades correspondientes. Para cada servicio se pregunta qué obra necesita, si ya existe y qué documento acredita su operación. La partida presupuestada de saneamiento permanece como obra futura, separada de la capacidad efectivamente disponible para esta etapa.

3. Resolver la dependencia antes de utilizarla

El calendario de la etapa siguiente no demuestra conexión disponible. La propuesta necesita una solución admisible, con derechos, autorizaciones y comprobaciones de funcionamiento que correspondan. Si el acceso cruza terrenos ajenos, también se acreditan los derechos antes de ejecutar. Ninguna promesa genérica sustituye la evidencia del servicio necesario.

4. Asignar operación y conservación

Para comprobar el cierre se identifican la entrega, el operador y las obligaciones de conservación que deriven de los actos aplicables. El artículo 40 mantiene separadas la ejecución privada por etapas y la urbanización progresiva pública. El uso de una red se distingue de su recepción legal y no transfiere por sí mismo obligaciones al Municipio o a residentes.

1. Mirar el desarrollo en conjunto

El artículo 45 determina la obligación considerando el desarrollo autorizado y sus ampliaciones aunque se divida en etapas. La revisión reúne cuartos, usos complementarios y población de diseño. No basta estudiar aisladamente el edificio nuevo si depende de las mismas redes o modifica la demanda acumulada.

2. Distinguir capacidad real de anuncio

El prestador debe acreditar capacidad disponible y, cuando proceda, su asignación al proyecto. Una ampliación sin ejecución acreditada no se cuenta como servicio disponible. La memoria reutiliza estudios válidos y distingue situación previa, incremento de demanda y déficit que el crecimiento añade; no reemplaza esas comprobaciones con una cifra comercial global.

3. Relacionar obras y proporcionalidad

La revisión identifica conexiones, refuerzos o infraestructura pública necesaria y su costo comprobable. Si una ampliación beneficia también a otros usuarios, la proporción atribuible necesita datos comparables de demanda adicional y capacidad utilizable. Las instalaciones privadas interiores y la operación ordinaria del hotel no se presentan como infraestructura entregada al Municipio.

Para la obra compartida se obtiene primero la demanda residual: demanda adicional del hotel menos capacidad previa libre de compromisos y efectivamente asignada; si la asignación la cubre o excede, el resultado residual es cero. Se divide ese resultado entre la capacidad adicional utilizable de la ampliación, expresada en la misma unidad y condición de diseño, y se aplica la proporción una sola vez al costo compartido. Una capacidad adicional igual a cero exige revisar la solución antes de calcular; una proporción mayor que uno también exige revisar la suficiencia técnica. El método técnico de dimensionamiento, suficiencia y reparto se consulta ahora en el anexo C, al que remite el artículo 45. Se conserva la distinción entre obligación municipal, comprobación de entrega y evaluación estatal legalmente exigible. La proporción sólo se aplica al costo de la partida cuya capacidad adicional y demanda residual se han acreditado con la misma base de diseño. Las partidas ajenas a esa relación se justifican por su objeto propio; un cociente de capacidad no distribuye automáticamente el presupuesto completo.

4. Conservar el fundamento de la obligación

La autoridad municipal identifica relación con el proyecto, beneficiarios, obra y forma de comprobación. No atribuye sin fundamento todo el déficit histórico al nuevo desarrollo. El expediente separa compromisos, ejecución y entrega, con documentos del operador y presupuesto localizable. Sin esos datos no es posible validar ni el reparto propuesto ni su cumplimiento.

La obligación legal de garantizar la construcción y entrega de infraestructura se comprueba por separado. Un resultado residual de cero describe el reparto de la obra compartida; la resolución todavía debe identificar la infraestructura pública entregable, su receptor y la garantía que corresponda.

1. Comparar lo ejecutado con lo autorizado

El artículo 65 mantiene en la autoridad municipal la verificación y la constancia de terminación. Para comprobar el caso se localizan las obras, las pruebas y los defectos concretos. Se distingue el desperfecto superficial de la instalación sin servicio; una fotografía general no demuestra funcionamiento ni sustituye la decisión de la autoridad competente.

2. Identificar quién recibe cada red

El artículo 66 mantiene las entregas a operadores dentro de sus competencias. El expediente conserva el alcance y las condiciones de cada recepción; una visita conjunta no sustituye las recepciones que debe realizar cada operador. La municipalización no se acredita únicamente con la carta de la promotora ni elimina pruebas faltantes.

En agua y alcantarillado se distinguen la recepción técnica del prestador y la entrega legal a CAPA. Un acta conjunta puede acreditar ambas cuando identifique a quienes tienen facultades y los efectos de cada intervención. Si el documento ya acredita esos extremos, se aprovecha para evitar una constancia duplicada.

3. Revisar requisitos y pendientes

El artículo 71 identifica documentos, garantías y entregas necesarias. También distingue faltantes menores de aquellos que impiden el funcionamiento. La posibilidad de garantizar la corrección de pendientes menores no permite recibir como operativa una instalación que aún no funciona. La autoridad debe fundamentar la clasificación de cada observación y la decisión resultante.

4. Seguir el cómputo y las obligaciones

El artículo 72 conserva su supuesto específico de aceptación presumida y sus datos de comprobación. No se deduce aceptación simplemente porque hubo una visita o una demora interna. La revisión registra recepción, documentos, pagos y vencimiento aplicable. El artículo 67 permite identificar qué bienes y obligaciones comprende efectivamente la entrega.

La constancia posterior conserva la fecha en que se produjo la municipalización presunta. El plazo para protocolizar la constancia se cuenta desde el día hábil siguiente a aquel en que surta efectos su notificación, conforme al régimen aplicable; la vigencia del documento y los efectos de la municipalización se registran por separado.

1. Reconocer qué debe aportar cada parte

El artículo 17 delimita la revisión de la solicitud del dictamen estatal. El caso estudia una solicitud municipal: sus requisitos y excepciones se comprueban en la LAUQR y en el régimen competente. Se aprovechan los antecedentes válidos y se separa la representación de la revisión del acceso, evitando trasladar una incidencia interna al particular.

2. Separar las vías de respuesta

La omisión documental y la observación de diseño tienen fundamentos y efectos diferentes. El artículo 18 organiza su distinción para la actuación estatal y remite a los artículos 52 y 53 del Reglamento territorial. En la solicitud municipal del ejemplo, el requerimiento identifica la norma, el dato faltante y el documento o plano que permite comprobarlo; su notificación y efectos conservan el procedimiento municipal.

Para la prevención documental municipal se comprueban los diez días hábiles del artículo 64 de la LAUQR y el régimen aplicable a los treinta días de subsanación. La revisión de diseño conserva los artículos 75 y 76 de esa ley y los cuarenta y cinco días naturales desde su notificación sin respuesta. Cada cómputo requiere su supuesto, notificación y calendario; estos términos no se trasladan por analogía al dictamen estatal.

3. Contestar con documentos identificados

Se presenta el documento procedente para la representación y se identifica la revisión del plano que sustituye al observado. Los demás documentos válidos permanecen en el expediente. La autoridad no reabre un punto resuelto sin señalar una inconsistencia nueva y su fundamento; tampoco basta afirmar que el acceso quedó aclarado.

4. Conservar fechas y decisiones

El artículo 21 conserva los plazos y efectos propios de cada supuesto y distingue el dictamen estatal del procedimiento municipal. El ejemplo no fija vencimientos sin calendario ni expediente reales. El cierre registra qué se atendió, qué insuficiencia subsiste y el documento que permite comprobarla, conforme al régimen aplicable.

1. Fijar el ámbito y la versión que se van a revisar

El artículo 49 exige identificar municipio, fecha, disposición aplicable y, cuando corresponda, sentencia firme que limite la exigencia del requisito. Por eso la primera respuesta no es una lista uniforme de permisos: faltan datos para definir el régimen del caso.

La revisión debe documentar el texto y los efectos que correspondan al municipio y al acto, sin trasladar automáticamente una excepción judicial a todo el estado ni presumir que una reforma posterior restablece un requisito. También se identifica una sola versión del proyecto: la licencia antigua y el plano de conversión no describen todavía lo mismo.

2. Comparar el proyecto con el supuesto exigible

La autoridad registra por separado terreno, construcción y número de fracciones o unidades, según corresponda, y relaciona los datos con el supuesto legal invocado. Esa ficha de clasificación es un control interno previsto por artículo 49, no una entrega adicional a cargo de la persona promovente.

Si el dictamen resulta legalmente exigible, se distingue la modalidad ordinaria de la de Viabilidad Urbanística y Mitigación de Impactos. Esta última requiere su propio supuesto y umbral; no se activa por llamar «importante» al proyecto. Con la información actual no procede afirmar cuál corresponde.

Se comprueba por separado si el estudio es exigible por el artículo 95 de la LAHOTDU. Esa obligación conserva su fundamento propio: la modalidad del dictamen se determina por los supuestos vigentes del artículo 84. Cuando concurran ambos preceptos, se integra un solo estudio para la misma versión del proyecto, con la reserva territorial, temporal y judicial del artículo 49 de la propuesta.

3. Pedir información vinculada con la decisión

Cuando proceda la evaluación, artículo 50 permite integrar la información técnica y reutilizar los estudios válidos de la misma versión y alcance. Si se necesita evaluar impactos, se comparan tres escenarios: sin proyecto, con proyecto y con proyecto más las medidas propuestas, identificando fuentes e incertidumbres.

Para este edificio importa distinguir demanda existente y adicional de agua, saneamiento y movilidad. Una licencia anterior o una factibilidad no acreditan automáticamente capacidad para la conversión. El requerimiento debe explicar qué dato falta y qué conclusión depende de él, sin pedir una memoria duplicada por cada área.

El estudio considera la utilización plena del inmueble y el momento de demanda máxima pertinente. En usos mixtos justifica qué demandas coinciden y cuáles ocurren en horarios diferentes, utilizando los datos de infraestructura y movilidad de la misma versión. La memoria puede explicar brevemente, con datos verificables, un componente sin afectación y conservar el contenido mínimo exigible. Cualquier simulación o investigación adicional debe identificar el efecto que falta evaluar y su fundamento.

4. Separar el dictamen de la licencia municipal

El artículo 89 mantiene en el Municipio la licencia, sus modalidades y las condiciones de habitabilidad y construcción. La Secretaría utiliza los documentos municipales de la misma versión únicamente para comprobar el contenido de un acto estatal que legalmente proceda.

La conversión a vivienda no origina por sí sola un dictamen adicional. Si existe intervención estatal, su expediente identifica municipio, materia, fecha y edición de las normas técnicas aplicables; la ausencia de una norma en el inventario de la Secretaría no justifica imponer una norma nueva. Las diferencias se comunican y cada autoridad resuelve dentro de su competencia.

5. Dejar una conclusión verificable

Si procede el dictamen, artículo 55 vincula resolución, supuesto, versión, documentos evaluados y obligaciones. Si no resulta exigible, se documenta la razón sin convertir esa constancia en otra autorización. La coordinación del artículo 10 no habilita duplicar trámites ni cobros por el mismo concepto.

Si durante una evaluación procedente existe una suspensión legal, artículo 53 exige causa, requerimientos, días consumidos y saldo. Una consulta interna no suspende por sí misma el plazo. Este ejemplo no fija vencimientos porque todavía faltan el régimen, el inicio y el calendario del expediente.

1. Precisar la aportación y su ubicación

El artículo 26 relaciona cada aportación con una determinación o polígono. El escrito identifica la calle, el problema observado y el cambio cuestionado, separando hechos de propuestas. Se conserva el documento expuesto para evitar comentar después un plano diferente sin advertir que cambió la referencia. Antes de elegir la vía, la dependencia municipal compara la actividad con el uso jurídico, los parámetros del programa y las condiciones de la autorización. Distingue una variación que conserve uso y parámetros, la modificación de un acto individual y el cambio del programa. El nombre comercial o la superficie del local no deciden esa clasificación; la comprobación queda en el expediente existente, sin crear otro certificado o pago.

2. Buscar una respuesta fundada

El informe de consulta debe exponer la síntesis de la observación, la respuesta y el cambio incorporado o la razón de rechazo. Una lista de asistentes no acredita esa valoración. Las constancias de talleres tampoco sustituyen todas las etapas de consulta del instrumento; cada acto debe poder localizarse en el expediente.

3. Reconocer cambios entre documentos

La propuesta enviada para continuar el procedimiento identifica sus diferencias respecto de la consultada y justifica si requieren participación adicional. El artículo 29 distingue la modificación del programa de una licencia individual. La noticia de que se analiza un cambio no autoriza todavía el uso o la intensidad pretendidos.

4. Comprobar cuál es la versión aprobada y publicada

El artículo 28 vincula acuerdo, texto, planos, publicación e inscripción. Si el archivo del portal no coincide, la diferencia se identifica y corrige por la vía aplicable, sin reemplazar silenciosamente la versión pública. El seguimiento termina enlazando aportación, respuesta y determinación final, aunque la petición no haya sido aceptada íntegramente.

5. Cerrar una variante con evidencia completa

La variante siguiente comprueba únicamente una observación puntual sobre un cruce omitido. No resuelve por sí sola la petición de revisar el aumento de vivienda ni sus efectos sobre accesos y servicios. Se sigue una aportación identificada como Observación A: el informe reproduce su petición sobre el cruce, expone la razón de aceptación y remite al plano corregido. Así puede comprobarse el cambio efectivamente incorporado, conforme a artículo 26.

La revisión coteja ese mismo plano con el acuerdo y las constancias de publicación e inscripción de artículo 28. La cadena queda cerrada para la aportación: observación, respuesta y representación final coinciden. Reconocer el cruce en el plano no significa que la obra esté construida ni concede una licencia individual.

1. Conservar hechos y cada recepción

El artículo 107 exige folio, hechos, ubicación y unidad de atención. El registro diferencia narración y comprobación. Si corresponde a otra autoridad, se documenta la remisión y se informa el destino. Remitir el expediente entre áreas no cambia por sí solo la fecha de recepción ni permite ampliar el plazo.

La revisión de ingreso distingue los requisitos legales de la evidencia que debe obtener la investigación. La persona denunciante puede utilizar el escrito o el medio electrónico legalmente habilitado; una incidencia en la implementación de ese canal se atiende administrativamente y se conserva la fecha de recepción. La inadmisión requiere causa legal, motivación y notificación de la autoridad facultada.

2. Vincular sin borrar identidad

Cuando los escritos se refieren a los mismos hechos se relacionan sus folios. Si procede acumular, se conservan documentos e identidad de cada asunto y se comunica la vinculación. Marcar duplicado no sustituye la respuesta ni elimina las evidencias de una persona. El cómputo de cada recepción debe poder reconstruirse en el expediente.

3. Investigar con las formalidades procedentes

La denuncia no autoriza por sí sola el ingreso ni demuestra invasión. El artículo 99 regula orden e identificación del personal para la visita. Se conservan pruebas y valoración y se da la intervención correspondiente a interesados y afectados. La conveniencia de reunir diligencias no dispensa facultades ni protección de datos.

4. Responder sobre el fondo

El artículo 107 exige explicar hechos investigados, actuaciones, valoración y determinación. Si no se acredita infracción se exponen razones; si subsisten medidas u obligaciones, se identifica quién verifica. La comunicación pública incluye únicamente la información que puede divulgarse legalmente y protege las identidades reservadas. El cierre administrativo no extingue por sí solo las obligaciones pendientes de seguimiento.

1. Leer el alcance y no solo la fecha

El artículo 51 relaciona emisor, proyecto, demanda, conexión, capacidad y condiciones. Estar dentro de vigencia no demuestra que el documento cubra una demanda distinta. Se cotejan los datos de origen con el proyecto revisado y se identifica qué condición sigue cumpliéndose y cuál necesita comprobación adicional.

2. Delimitar el cambio que importa

Un cambio de formato o nombre no obliga por sí mismo a renovar. Aquí cambian demanda y conexión, por lo que la revisión debe expresar su efecto y consultar al operador por un medio habilitado. Si las reglas del servicio exigen que la persona promovente haga la gestión, se identifica la respuesta concreta que debe solicitar al operador, sin pedir renovaciones indiscriminadas.

3. Distinguir obras futuras y capacidad disponible

El artículo 62 separa capacidad instalada, disponible y ampliaciones pendientes. Una obra presupuestada no cuenta como red operativa. La respuesta debe distinguir capacidad ya asignada al proyecto, obras comprometidas y condiciones de ejecución, prueba y recepción; no basta con adjuntar un plano que muestra una ampliación futura. La capacidad comprometida se contrasta con el pronunciamiento y las confirmaciones vigentes del prestador. Si faltan datos o se contradicen, la Secretaría solicita aclaración; no asigna capacidad ni crea por sí misma una reserva de suministro.

4. Conservar un intercambio verificable

El artículo 20 permite consulta institucional sin duplicar documentos legalmente verificables. Se registra fuente, versión y resultado, protegiendo los datos que corresponda. Los servicios no afectados se conservan si siguen dentro de su alcance; si aparece una dependencia técnica con otro servicio, se motiva su revisión específica y se conserva esa relación.

1. Reconocer la red realmente disponible

El artículo 67 distingue tramos existentes, previstos y dependientes de terceros. El proyecto debe demostrar conexiones y continuidad accesible, no sumar como disponible una vía futura. La documentación localiza las barreras y los puntos donde las rutas peatonales cruzan accesos vehiculares, para incluir la seguridad y accesibilidad de quienes caminan.

2. Construir escenarios comparables

El artículo 68 exige identificar primero si procede el estudio sectorial, el informe preventivo o una exclusión conforme a los artículos 53 a 56 de la Ley de Movilidad y su Reglamento; la clasificación y resolución corresponden al Instituto de Movilidad. Según la modalidad procedente, el análisis utiliza horarios y aforos representativos y distingue residentes, visitantes, personal y abastecimiento. Compara la situación sin proyecto, la demanda del conjunto y las medidas por etapa. Los datos adicionales se justifican por el efecto pendiente y la insuficiencia de la información válida. Si existe exclusión, se conservan los contenidos viales o urbanos legalmente exigibles, identificando su fundamento y evitando pedir el mismo estudio con otro nombre.

3. Evaluar medidas por sus efectos

Más cajones no resuelven automáticamente conflictos de cruce, acceso o transporte. La oferta privada no incluye estacionamiento en vía pública como si perteneciera al conjunto. Las medidas deben responder a efectos atribuibles y evitar trasladar barreras o riesgos a peatones, ciclistas o barrios vecinos. Las intervenciones fuera del predio mantienen sus autorizaciones propias.

Cuando corresponda el supuesto del artículo 87 de la LAHOTDU, se localizan accesos, carriles de incorporación y soluciones peatonales. En estacionamientos descubiertos se comprueban las estrategias contra las islas de calor, la infraestructura verde y el arbolado, con su conservación y resultado verificable.

4. Comprobar lo que sucede al operar

El artículo 69 relaciona indicadores previstos con datos de operación y distingue contexto de efectos del proyecto. La autoridad identifica correcciones procedentes ante una condición incumplida. Las medidas se consideran ejecutadas cuando existe conexión funcional; un contrato o calendario de una obra sin terminar no acredita ese resultado. El seguimiento a cargo de la persona obligada se limita a una medida válida que identifique fundamento, indicadores, periodo y responsables. La observación institucional posterior no prolonga por sí sola esa obligación ni le atribuye cambios urbanos ajenos al proyecto.

1. Conservar las fuentes incompatibles

El artículo 20 exige advertir la discrepancia y mantener la versión utilizada en cada decisión. Antes de corregir una cifra se identifican emisor, fecha y documento de origen. No se borra el archivo anterior para simular que siempre coincidió con el nuevo ni se confunde visor con acto normativo.

2. Aclarar la determinación competente

El artículo 37 dispone aplicar el programa mediante texto, planos y anexos publicados y registrados. La autoridad solicita aclaración al órgano responsable y documenta el efecto sobre el asunto. La justificación de una licencia no permite modificar los límites de zonificación ni las densidades del programa ni elegir por analogía la zona de un predio cercano.

Si la demarcación afecta parcialmente al predio o le asigna varios usos, se localiza primero el criterio de interpretación del programa municipal. La cuestión que siga abierta se remite al órgano competente con las fuentes en conflicto, conservando los límites y parámetros del programa durante su aclaración.

3. Reconstruir el cuadro de aprovechamiento

El artículo 38 separa superficie total, base de cálculo, desplante, construcción por nivel y áreas libres. Para cada densidad o coeficiente se conservan la unidad y la superficie que sirve como base de cálculo. Estacionamientos, balcones y espacios comunes se incluyen o excluyen únicamente por una regla identificada; no por cambiarles el nombre en la memoria.

4. Emitir una conclusión con alcance

Una vez aclaradas las fuentes se compara el proyecto con la misma versión de los parámetros. La resolución explica cualquier beneficio o excepción con habilitación expresa y sin duplicar áreas. Si falta la determinación necesaria, se identifica el impedimento concreto en vez de declarar compatible la mezcla de valores que más convenga al solicitante.

1. Explicar la correspondencia patrimonial

El artículo 80 exige identificar participantes, derechos, aportaciones y recuperación. Un cuadro de áreas sin titulares o sin cargas no permite comprobar el reparto. Se vincula cada resultado con planos y actos patrimoniales necesarios, distinguiendo el beneficio esperado de un derecho ya adquirido y los costos compartidos de los individuales.

2. Respetar los actos previos

El proyecto ejecutivo debe aprobarse, publicarse e inscribirse antes de los efectos obligatorios que correspondan. El dictamen estatal se exige solo cuando se cumpla el supuesto aplicable y con las salvedades que correspondan, conforme al artículo 49. La existencia de un acuerdo privado no permite saltar esas comprobaciones ni crear un permiso estatal adicional sin fundamento.

3. Distinguir garantía y obra ejecutada

Antes de aplicar modalidades de comercialización a los predios resultantes, el artículo 80 pide comprobar infraestructura primaria construida mediante actas, pruebas y constancias. Una garantía cubre una obligación pero no demuestra ejecución. Si se invoca la excepción progresiva, deben identificarse la autorización que la habilita y sus condiciones concretas.

4. Cerrar con derechos y responsabilidades trazables

La revisión contrasta estudio financiero, proyecto y documentos registrales y conserva evidencias por etapa. Si falta aceptación de alguna persona, los umbrales que correspondan no sustituyen procedimientos ni garantías legales de una afectación patrimonial. El ejercicio no calcula adhesiones para declarar procedencia ni presupone que cualquier mayoría permita disponer del predio ajeno.

1. Comprobar el supuesto de procedencia

El artículo 74 trata la regularización como excepcional y establece sus condiciones temporales, territoriales y personales. El ejercicio no extiende el supuesto a ocupaciones posteriores por cercanía o necesidad. La antigüedad es una condición por acreditar, junto con las demás; no es autorización suficiente por sí misma.

2. Delimitar impedimentos y suelo elegible

El artículo 75 relaciona lotes, circulación, equipamiento, riesgo y exclusiones. El registro de ocupantes acredita ocupación, no título. El expediente distingue litigios, gravámenes, bienes públicos y falta de acceso y da intervención a titulares y afectados. Solicitar la incorporación tampoco genera automáticamente derecho a quedar incluido en el programa.

3. Separar decisión territorial y transmisión

El artículo 76 exige identificar actos autorizados y vías patrimoniales o registrales necesarias. Pagar contribuciones o una sanción no transmite derechos reales. Una resolución territorial no sustituye actuaciones agrarias, judiciales o de adquisición cuando correspondan, ni elimina la controversia de propiedad mediante un simple cambio del padrón. La falta de un documento no produce un desalojo automático. Una ejecución de esa naturaleza requiere determinación fundada, evaluación individual y procedimiento, distinguidos de la protección urgente.

4. Mantener las obligaciones de integración

El artículo 77 mantiene las obligaciones pendientes de infraestructura, seguridad y servicios incluso después de emitirse los documentos de tenencia. Cada etapa debe mostrar predios atendidos, obras recibidas y responsables. La ampliación del polígono o reconocimiento de nuevas ocupaciones requiere su procedimiento; no se agrega silenciosamente a una constancia anterior.

1. Tratar el mapa como una fuente con alcance

El artículo 45 no considera inexistente una amenaza porque falte en un mapa general. Se registra escala, actualidad y suficiencia del dato para el predio. Los testimonios se conservan como antecedentes por comprobar, diferenciados de mediciones o estudios que puedan sostener el diagnóstico específico.

2. Investigar lo que afecta la decisión

El análisis localiza amenazas, exposición y vulnerabilidad, y evalúa los indicios de cavidades, agua o erosión que correspondan. El artículo 50 permite reutilizar un estudio del mismo alcance y versión en evaluaciones compatibles. No se pide una memoria duplicada, pero sí contenido suficiente para resolver la incertidumbre concreta. La extensión de cada componente de la memoria responde a los impactos que deben comprobarse. Un componente sin afectación puede justificarse brevemente con datos verificables; una investigación adicional requiere fundamento e identificar el efecto todavía incierto, conservando el contenido mínimo del estudio. La comprobación distingue los supuestos de los artículos 102 y 103 de la LAHOTDU y los alcances del 104. Para ampliar la investigación, la autoridad identifica la condición del sitio, su fundamento y el dato que falta en los estudios válidos; los indicios de cavidades o pérdida de soporte se valoran para la obra y sus colindancias.

3. Comprobar los efectos de la alternativa

Elevar la plataforma no demuestra que el escurrimiento quede resuelto; debe examinarse su relación con infraestructura y vecinos. El artículo 46 mantiene restricciones ambientales y de seguridad. Una prohibición o un riesgo no mitigable no se elimina mediante un compromiso genérico de ejecutar obras después.

4. Asignar verificación y seguimiento

El artículo 48 vincula las medidas admitidas con localización, responsables y comprobación. El expediente debe mostrar su viabilidad y conservación, no solo un dibujo de la solución futura. Si los datos no permiten concluir, se señala el dato faltante y la decisión que depende de él antes de declarar apto el terreno.

1. Fijar el punto inicial comprobable

El artículo 52 distingue integración y constancia. El plazo empieza a contarse cuando ocurre el hecho que la norma establece como inicio, aunque la oficina emita la constancia después. Se reconstruyen recepción, requisitos y pago exigible, separando una omisión formal de una ampliación técnica. El ejercicio no convierte cualquier trámite interno en suspensión.

2. Examinar la suspensión invocada

El artículo 53 exige describir problema, datos, totalidad de requerimientos y actuaciones necesarias. Se verifica qué impide resolver y por qué entra en el supuesto. Un turno entre áreas no suspende por sí mismo; tampoco basta cambiar el estado del portal sin acuerdo y notificación procedentes.

3. Relacionar respuesta y saldo

La revisión registra cuándo se atendieron los puntos y qué documentos lo acreditan. Al reanudarse el procedimiento se conservan los días que quedaban del plazo; una anotación interna posterior no permite retrasar arbitrariamente esa reanudación. Si un punto persiste se individualiza su insuficiencia; los ya resueltos no se reiteran sin hechos nuevos y fundamento que justifiquen la actuación correspondiente. Un hecho nuevo no autoriza por sí solo otra suspensión. La autoridad debe comprobar cuándo surgió, por qué no pudo incluirse con diligencia en el requerimiento total, su relación con la evaluación y la habilitación legal para suspender, conservando el saldo; una respuesta parcial se contrasta con el requerimiento original.

4. Identificar el efecto del vencimiento

El artículo 59 conserva las reglas de falta de resolución del dictamen. Esa omisión no autoriza obras ni sustituye licencia municipal. La comunicación de las razones del retraso tampoco amplía el término ni equivale a resolver. El cierre del registro debe permitir distinguir saldo pendiente, vencimiento y acto final sin trasladar efectos de otros procedimientos.